05/05/2025
- La lista de demandantes alcanza las 40.000 solicitudes, pero Conselleria señala que incluye peticiones antiguas y desfasadas
La actual crisis de la vivienda en España está impidiendo el acceso a un inmueble a muchos colectivos, ya no solo vulnerables, sino también a familias con sueldos medios. pero con poca capacidad de ahorro. Los precios en el mercado libre siguen al alza, mientras durante años no se construía vivienda de protección pública, más conocida como VPO, que ahora empieza a despertar. Una circunstancia que ha provocado que la demanda de vivienda en el parque público haya crecido en los últimos tiempos. No obstante, muchas de estas peticiones son de familias o unidades de convivencia que cursaron su petición en su día, pero sus circunstancias han cambiado sin que se haya notificado, por lo que siguen constando como demandantes. Por ello, la intención de la Conselleria que dirige Susana Camarero es depurar el sistema para conocer la demanda real y actual para agilizar los procesos. Y, para ello, prepara una nueva norma que aspira a clarificar los criterios y la regulación de la adjudicación de las viviendas del parque público valenciano para hacer una revisión periódica de las solicitudes.
El objetivo es tener un registro actualizado y limpio que refleje la situación real y las necesidades de la sociedad. Asimismo, se quiere dar mayor rapidez al proceso, ya que en este momento, un 50% de las solicitudes no acaba en un contrato formalizado. «El registro de demandantes tiene que ser depurado porque no refleja la demanda real», explica a este periódico Estefanía Martínez, directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha). De ahí, que se esté trabajando en una nueva norma que regulará el parque público de viviendas y las bases de adjudicación. El texto todavía es un borrador, pero se trabaja para poder sacarlo y poner orden.
«El problema es que las solicitudes no están actualizadas y puede que personas que pidieron una vivienda hace años ya hayan encontrado trabajo, su situación sea distinta y no quieran una vivienda pública, pero siguen constando en el registro. Hay que hacer un sesgo, depurar y regular esto para tener los números bien articulados porque ahora mismo el 50% de los contratos no se formalizan», explica. Por ello, la intención es que el futuro inventario incluya una revisión obligada cada seis meses de esas solicitudes para estar ‘al día’ y que decaigan aquellas que en ese tiempo ya no cumplan con los requisitos exigidos.
En este momento, hay 40.000 solicitudes en la Comunitat Valenciana, detalla Martínez, de las que cerca de 22.000 son en la provincia de Valencia, pero insiste en que gran parte de esta demanda está desfasada.
El actual registro, creado en la pasada legislatura por el Consell del Botànic, y previsto en la Ley de Función Social de la Vivienda de 2017, permite la inscripción en torno a la unidad de convivencia, formada por una persona o varias sin necesidad de parentesco. Entre los requisitos figura la necesidad de vivienda, no superar en 2,5 veces el IPREM (índice de renta de referencia para prestaciones sociales) o presentar una declaración responsable. Como situaciones de especial vulnerabilidad se entenderán familias monoparentales y las numerosas, víctimas de violencia machista, personas con diversidad funcional o discapacidad superior al 33%, extutelados menores de 25 años o afectados por desahucios.
La asignación arranca en el momento en el que la EVha cuenta con una nueva vivienda, o bien porque la ha incorporado a su parque o porque ha vencido el contrato anterior. El inmueble se repara y se activa en el programa de InfoHabitatge. En función de sus características y del orden de la lista de demandantes se notifica a la unidad de convivencia que resulta apta, de acuerdo con el baremo, y se hace una preasignación. Si esa familia acredita que es compatible y que su situación cumple con los requisitos se adjudica. En caso de que no sea así o que ya no la quiera porque su situación ha cambiado, se vuelve a empezar el proceso, lo que demora el procedimiento.
Por ello, Martínez defiende la necesidad de que, de forma obligada, se revisen esas solicitudes, de forma que se actualicen los datos para tener un registro limpio. «Por tanto, esos 40.000 demandantes que tenemos no son reales y, por eso, estamos trabajando en un nuevo borrador de un texto que regule el sistema de adjudicación del parque público de viviendas», concluye.
Fuente: Valencia Plaza